El ministro de Finanzas, Richard Martínez, informó ante la Asamblea que el país registrará en 2020 una caída de ingresos de $ 7036 millones. De estos, la mayor caída tiene que ver con la baja de los recursos petroleros que asciende a $ 2577 millones, y reducción de ingresos tributarios por $ 1 862 millones. Otros ingresos también bajan por $2500 millones. En este último rubro se encuentra contabilizado las monetizaciones de activos, que dijo el ministro, en las actuales circunstancias, será muy difícil concretar. También caen ingresos por incentivos al empleo.
En ingresos positivos se espera, en cambio, tener unos $ 129 millones por auto retenciones del Impuesto a la Renta, y $ 908 millones por contribuciones solidarias que se están planteando en la nueva ley, que aún no llega a la Asamblea. Así el déficit calculado por el Gobierno es de unos $ 7000 millones que incluye la brecha fiscal y los planes de incentivos que tiene el Gobierno.
El ministro explicó que dentro de la ley, que se espera llegará a la Asamblea con carácter económico urgente en estos días, se creará la Cuenta de Asistencia Humanitaria alimentada por dichas contribuciones. El plan es que del total de 118 789 empresas existentes, unas 1500 empresas que tuvieron utilidades de más de $ 1 millón en 2018, deberán pagar una contribución en 5%. Esta recaudación llegaría a $ 516,9 millones.
El ministro indicó que continúa firme la propuesta de la contribución de personas naturales por sus sueldos, mediante una tabla progresiva.
El ministro aclaró que el pago que hizo el Gobierno de los bonos 2020 fue para evitar caer en defalult, pues esta situación generaría problemas al país de juicios y falta de acceso de financiamiento que se requiere a futuro. Explicó que en todo contrato hay una cláusula de default cruzado que impide acceder a nuevos créditos.
El ministro también dio un pantallazo de lo que significará la reforma laboral, dentro del proyecto de ley. Uno de los puntos más importantes es el incentivo de acuerdos entre trabajadores y empleadores. Esto, con el fin de que no haya más destrucción de empleos. Esos acuerdos podrán aplicarse a jornadas laborales, salarios, entre otros. De no llegar a acuerdos, las empresas podrán declararse en quiebra e ir a un proceso de liquidación expedito.
Los asambleístas, por su parte, realizan una serie de críticas sobre el pago de bonos 2020, y las reuniones previas que tuvo el viceministro Estaban Ferro con tenedores de deuda. También se oponen al pedido de contribuciones a empresas y ciudadanos, e incluso aseguran que no es una solución la reducción de salarios del sector público que se ha planteado.
